El ejercicio de cualquier profesión puede dar lugar al nacimiento de responsabilidades a cargo de aquella persona que ejecuta la respectiva prestación de servicios, y en tal sentido la profesión de Gestor Administrativo no constituye una excepción.
En la actualidad, no sólo es posible, sino cada vez más frecuente que los clientes manifiesten su disconformidad con el resultado del servicio o gestión contratado, con el precio del mismo -en este caso, los honorarios del Asesor Fiscal-, e, incluso, en algunos supuestos llegan a cuestionar la forma en que el profesional ha ejecutado su trabajo. En casos excepcionales -aunque cada vez lo son menos-, y sobre todo cuando lo que se cuestiona por parte del cliente es la diligencia empleada por el profesional en el ejercicio de su función, el conflicto puede acabar ante los Tribunales, con el cliente reclamando la correspondiente indemnización de unos pretendidos daños y perjuicios que se le habrían ocasionado en razón de una supuesta negligencia profesional.